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El 16 de enero de 2026, un silencio eléctrico se cernía sobre el noreste industrial de Estados Unidos. No era un apagón, sino la calma que precede a una tormenta política. En una sala de conferencias, representantes de la administración Trump y gobernadores de ambos partidos de Virginia, Maryland y Pensilvania firmaron un documento que podría reconfigurar el paisaje energético del país. Su objetivo: domar la sed insaciable de las máquinas. El instrumento: un Statement of Principles que empuja a la red eléctrica más grande de la nación, PJM Interconnection, a una acción de emergencia sin precedentes. El detonante: la inteligencia artificial.
La red PJM, un coloso que alimenta a más de 67 millones de personas en 13 estados, está al borde del estrés. Los pronósticos de demanda, otrora estables y predecibles, ahora se disparan en líneas ascendentes impulsadas por un solo factor: los centros de datos de hyperscale que entrenan y ejecutan modelos de IA. Esta iniciativa, fraguada por el National Energy Dominance Council de Trump, no es una ley. Es un ultimátum económico y técnico. Exige a PJM realizar una subasta de emergencia para contratar nueva capacidad de generación eléctrica por 15 años, una maniobra que podría desbloquear $15 mil millones para construir plantas de energía nuevas, grandes y despachables. La factura, en una ruptura radical con el pasado, la pagarán directamente las empresas de Big Tech.
"Esta no es una solicitud. Es un reconocimiento de una realidad física", dijo un alto asesor del Departamento de Energía que solicitó permanecer anónimo debido a la sensibilidad de las negociaciones. "La ley de Ohm no negocia. Si quieres hacer funcionar un centro de datos de 500 megavatios, necesitas 500 megavatios de generación. La pregunta era: ¿quién paga por esa infraestructura? La respuesta ahora es clara: el que la consume."
Para entender la magnitud de este movimiento, hay que mirar los números. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) proyecta que la demanda eléctrica de los centros de datos en Estados Unidos se triplicará para 2030, pasando de unos 200 teravatios-hora anuales a aproximadamente 640. Ese incremento, por sí solo, equivale a añadir la demanda eléctrica de un país industrializado de tamaño mediano a una red que ya lucha con una infraestructura de transmisión envejecida, donde la edad promedio supera los 40 años y los nuevos proyectos de líneas enfrentan retrasos de una década.
El problema en PJM era agudo. Los desarrolladores de centros de datos presentaban pronósticos de carga "especulativos e inciertos", según documentos internos de la organización. Estos proyectos, a menudo de cientos de megavatios cada uno, se interconectaban a la red, pero la generación necesaria para alimentarlos no se materializaba al mismo ritmo. El resultado: una presión alcista sobre los precios mayoristas de la electricidad y un riesgo creciente para la confiabilidad de todo el sistema. Los reguladores estatales y federales vieron venir la crisis. Menos de un mes antes, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) ya había emitido una orden para facilitar la co-localización de generación con centros de datos grandes, un primer paso técnico. La declaración del 16 de enero fue el paso político, diseñado para estabilizar los precios antes de que la ola de costos llegara a los consumidores residenciales.
"PJM tomará acciones inmediatas para asegurar más potencia y espera que la comunidad de centros de datos contribuya a resolver estos desafíos de confiabilidad y asequibilidad", declaró oficialmente el operador de la red tras el anuncio. El lenguaje era diplomático, pero el mensaje era contundente: la fiesta de la infraestructura compartida ha terminado.
El núcleo de la iniciativa es elegantemente simple en su lógica económica. PJM activará un mecanismo de subasta de emergencia. Las empresas generadoras presentarán ofertas para construir nueva capacidad—se espera que sea principalmente gas natural, nuclear avanzada o quizás plantas con captura de carbono—con contratos de capacidad de 15 años. Quien gane la subasta tendrá un cliente garantizado: los propietarios de centros de datos dentro de la región PJM.
Estos operadores—Amazon Web Services, Google, Microsoft y otros—deberán pagar por esa capacidad contratada, la usen o no. Es el principio de "paga por lo que reservas". Este flujo de caja predecible y a largo plazo financia la construcción de las nuevas plantas. Criticamente, los costos se aíslan dentro de un pool específico de grandes consumidores. El consumidor residencial que enciende la luz en Filadelfia o en Baltimore no subsidiará, en teoría, los servidores que entrenan el próximo modelo de lenguaje grande.
La postura de Microsoft, expresada en un blog corporativo el 13 de enero de 2026, fue reveladora. La empresa abogó abiertamente por "tasas altas para centros de datos que cubran los costos completos", una admisión extraordinaria de la industria que reconoce el peso de su propia huella. No era altruismo; era realpolitik corporativa. Ante la certeza de una regulación, prefirieron moldear sus términos.
La firma del secretario de Energía, Chris Wright, y del secretario del Interior, Doug Burgum, en el Statement of Principles no fue un detalle protocolario. Encarnaba la doctrina energética central de la segunda administración Trump: "Construir grandes plantas de energía confiables nuevamente". Este eslogan, repetido en documentos oficiales, es un rechazo directo a lo que sus arquitectos ven como una transición energética caótica y descentralizada.
En lugar de confiar únicamente en un parche de granjas solares y eólicas intermitentes, esta visión apuesta por la escala industrial, la capacidad de despacho 24/7 y la infraestructura centralizada. La crisis de la IA les proporcionó el catalizador perfecto. Aquí había una demanda nueva, masiva, predecible en su crecimiento y ubicada geográficamente. Era la oportunidad para justificar la construcción de la clase de activos que querían promover.
Expertos del sector como Monitoring Analytics, el monitor independiente de PJM, y la firma de desarrollo LS Power llevaban meses argumentando que los centros de datos debían conectarse únicamente a nueva generación para no erosionar los suministros existentes. La iniciativa federal-estatal les dio la razón con la fuerza de un martillo. No se trata solo de añadir megavatios; se trata de redirigir el flujo del capital y la responsabilidad.
El camino por delante está lleno de detalles técnicos espinosos. PJM debe revisar esta propuesta junto con su cola de interconexión, que ya está abarrotada. La Asociación de la Industria Eléctrica (EEI) urge por flexibilidad en el tipo de plantas que las utilities pueden construir. Pero la dirección está marcada. La inteligencia artificial, esa fuerza etérea y digital, se encuentra ahora atada por cables de alta tensión y contratos de capacidad a una de las transformaciones físicas más significativas del sistema eléctrico norteamericano en décadas. La revolución no solo será algorítmica. Será de hormigón, acero y turbinas de gas.
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